Rubén Moreira, coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó una iniciativa para combatir la intromisión de la delincuencia organizada en procesos electorales.
La propuesta del diputado contempla sancionar como miembros del crimen organizado a implicados en la utilización de recursos de procedencia ilícita durante comicios.
De esta forma se pretende aplicar un sanción de entre 15 y 30 años de prisión a precandidatos, candidatos, funcionarios partidistas, funcionarios electorales o servidores públicos que permitan que el narcotráfico interfiera en las elecciones.
El primero, sería designado por la Cámara de Diputados, tendría como tarea la prevención, investigación y combate a la injerencia de asociaciones delictivas. Mientras que el segundo sería un órgano con autonomía técnica y operativa para investigar e informar objetivamente sobre riesgos y amenazas que vulneren los procesos electorales en todas sus etapas.
Para garantizar la eficacia del comisionado, éste tendría facultad para solicitar información, documentos, registros físicos y electrónicos relativos a procesos electorales a partidos políticos e instituciones tanto públicas como privadas.
